Sobre las medidas aprobadas por el Gobierno para “racionalizar el gasto y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario”

Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril de 2012 (que, tratándose de medidas urgentes, curiosamente aún no han sido publicadas en el BOE –aunque sí lo han sido las de educación: Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo) suponen un paso más dentro del plan de desmantelamiento y privatización del sistema público de salud que se lleva ejecutando desde hace años -ley 15/97- con la complicidad y/o el silencio de partidos políticos parlamentarios y sindicatos subvencionados

Se establecen mecanismos discriminatorios que excluyen a los inmigrantes sin papeles de gran parte de la asistencia sanitaria, quedando reducida la atención en su caso a la urgencia, el parto y los cuidados pediátricos.

Esta medida, manifiestamente inhumana y que reduce a personas al nivel de mercancía, es además insostenible desde el punto de vista de la salud pública y tendrá efectos negativos sobre la salud del resto de la población - patologías infecto-contagiosas podrán extenderse-, además de provocar más gasto que el que se pretende ahorrar.

Se establece la "división en categorías de la cartera de servicios": básicos, accesorios y complementarios. Este mecanismo sienta las bases para la futura exclusión de una serie de servicios y/o prestaciones, por las que habrá que pagar si se quiere tener acceso a ellas. El organismo que decidirá la inclusión o exclusión de los servicios (Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones) no parece que vaya a disponer de ningún sistema de transparencia.

Se aprueba, por primera vez, el "copago farmacéutico para pensionistas" (10% del precio de las medicinas) y el "aumento del copago farmacéutico para el resto de la población", según teóricos niveles de renta:

	Activos	Pensionistas
Perceptores de pensiones no contributivas, parados de larga duración.	0%	0%
Rentas inferiores a la obligatoriedad declaración renta.	40%	10%	Límite máximo de 8€/mes
Rentas superiores a la obligatoriedad declaración renta.	50%	10%	Límite máximo de 18€/mes
Rentas superiores a 100.000€	60%	60%	Límite máximo de 60€/mes

Se establece un impuesto a la enfermedad. La protección social, basada en la solidaridad de los impuestos en función de la renta, deja de tener efecto, obligándose a pagar más no a quienes más tienen, sino a quienes están más enfermos.

Por otra parte, lo que se produce de hecho es una importantísima reducción de las pensiones, ya que, tomando como referencia la pensión media (poco más de 800 €/mes), un matrimonio de pensionistas que paguen 8 €/mes cada uno, tendrá que gastar en medicamentos el 2% de su pensión (cantidad que se eleva al 3% en Cataluña, donde se mantiene la tasa de 1€ por receta)

La constatación del nivel de renta de cada persona para llevar a cabo los diferentes niveles de pago de medicamentos, hará necesario que se cambien todas las tarjetas sanitarias del Estado -47 millones-, con un gasto estimado por algunas fuentes de hasta 900 millones; gasto que, se supone, habrá que realizar cada año para actualizar el nivel de renta de cada usuario.

No deja de ser importante que los datos económicos se airearán mucho más de lo aconsejable, siendo conocido el grupo económico al que pertenece cada persona por personal sanitario, de farmacias,..., y hasta de otros usuarios presentes en el momento de la adquisición y abono de medicamentos.

Se pretende ahorrar 500 millones mediante medidas de "ordenación de los recursos humanos" que, en la práctica, se concretarán en recortes de plantillas, lo que incrementará aún más las listas de espera y deteriorará la asistencia. Esta cantidad equivaldría a la eliminación de más de 15.000 trabajadores de la sanidad.

Para conseguir un teórico ahorro de 600 millones, se anuncia la "coordinación con servicios sociales" para reducir el porcentaje de personas mayores (es decir, crónicos) en los hospitales, mediante su derivación a residencias.

Además de que esta medida parece esconder un importante desvío de fondos públicos al sector de residencias privadas, ¿qué familias van a poder acometer ese coste –con el actual desmantelamiento del sistema de dependencia- que, en muchas CCAA, supera con creces los 1.500 euros/mes por persona?

En definitiva, desde CAS y Matusalén sospechamos que el supuesto ahorro de 7.000 millones que se pretende conseguir, va a provocar no sólo el abandono de tratamientos por falta de medios económicos y el deterioro de la asistencia sanitaria, que se traducirá en un empeoramiento de los indicadores sanitarios de toda la población -no sólo de la población inmigrante sin papeles- sino también en un nuevo mecanismo de desvío de dinero público hacia centros privados.

Simplemente aplicando medidas de sentido común, como son la persecución del fraude fiscal (entre 70.000 y 90.000 millones al año), en lugar de su "indulto/perdón"; el incremento de los controles para el cobro del IVA dejado de recaudar ( 17.000 millones en 2008, cantidad similar al gasto sanitario de 15 millones de españoles); la supresión de subvenciones a la patronal (alrededor de 400 millones en 2010, cantidad similar a lo que se pretende ahorrar con el envío de los pacientes crónicos a residencias de ancianos con peor atención que en un hospital); etc. podría no sólo mantenerse el sistema sanitario actual, sino construir otro nuevo similar.

CAS Madrid y Plataforma Matusalén, 23 de abril de 2012