La lentitud del magma
Por Pedro Luis Ibáñez Lérida*
"La muerte de cualquier hombre me disminuye porque
estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca
hagas preguntar por quien doblan las campanas:
doblan por ti". John Donne
estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca
hagas preguntar por quien doblan las campanas:
doblan por ti". John Donne
Llegados a este punto no es de extrañar las razones de
los nuevos tiempos. Afines a los que Charles Chaplin, actor, compositor,
escritor, director y productor cinematográfico, protagonizó en “Tiempos modernos”, una magnífica película
del año 1936. Es la última aparición del personaje de Charlot. La película es
muda pero incorpora una banda sonora, a la que también se añade la voz del
actor inglés en una escena cautivadora en la que improvisa la letra de una
canción mezclando palabras de diferentes idiomas. Retrata una sociedad
alienante y alienada por la delirante y presionante producción industrial, en
la que los trabajadores son exclusivamente piezas prescindibles y sustituibles
de la cadena de montaje capitalista, consecuencia de la Gran Depresión
Americana de 1929. Chaplin se expresaba así con respecto a ésta “El
desempleo es la cuestión más importante… la introducción de las máquinas en el
trabajo debería ser de ayuda a la humanidad, y no una fuente de tragedia
dejando a la gente sin trabajo”.
Razones,
como simple pretexto,
o sinrazones, en la mejor tradición eufemística reinventada y con plena
vigencia. Según se desprende de las declaraciones públicas del gobierno,
conviven de esta guisa en el nuevo descenso a los infiernos al redefinir la
situación sanitaria del inmigrante en situación irregular. Un nuevo capítulo en
la adecuación a estos "Tiempos modernos" al pecunio como un idolatrado
becerro de oro. El Tribunal de Cuentas constataba, en un informe del año 2009,
que se habían dejado de recaudar 970 millones de euros por la incompetencia del
Sistema Nacional de Salud en cobrar a otros países la atención sanitaria de sus
ciudadanos. Y centraba esta cantidad exclusivamente, en los países de la Unión
Europea –UE- y Noruega, Islandia y Suiza –EFTA- con los que existen acuerdos de
esta naturaleza. Asimismo manifestaba la insuficiencia de los medios con los
que cuentan las comunidades autónomas para asumir esa capacidad gestora. España
ha suscrito hasta la fecha 21 convenios bilaterales con los que se regulan la
cotización de los ciudadanos de ambos países. Sin embargo sólo seis de ellos
reconocen el derecho a recibir asistencia sanitaria: Andorra, Brasil, Chile,
Marruecos, Perú y Túnez. Aunque limitado por la necesidad de estar dado de alta
en la Seguridad Social.
Derecho universal y gratuito o factura universal y rediticia. He
ahí la cuestión planteada sin filos romos. El afán recaudatorio resume la
verdadera dimensión de la limitación de derechos sanitarios a los inmigrantes.
Su pretensión es cobrar a los países de origen la prestación efectuada. Aunque
también suscriben como posibilidad la invitación excusatoria de asistencia a
los servicios de urgencia para que valoren su caso y consideren la “urgencia” del mismo. O contratar un seguro
médico con las autonomías por un valor anual de unos 700 euros por persona. La
controversia está servida. Si bien hay otro asunto que induce a pensar en la
vigilancia y control no precisamente de la salud. La conversión de los
hospitales en telarañas policiales donde capturar a los inmigrantes
indocumentados. Esta visión maquiavélica dentro de lo estrictamente sanitario
se subraya en lo estrictamente policial en la continuidad de los CIE –Centro de
Internamiento de Extranjeros- tras los informes del Defensor del Pueblo que
denunciaban la vulneración de derechos constitucionales y humanos. Según datos
del año 2009, 16.590 personas fueron
internadas. Es decir privadas de libertad con la finalidad de ser expulsados.
De éstas sólo 8935 fueron expulsadas, por lo que más de un 50 por ciento de los
internamientos no tenían fundamento legal. Insistía este organo constitucional
-algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha lo han suprimido por mor
de los ajustes- que este tipo de centros deben contar con un reglamento de
régimen interno que garantice plenamente sus derechos, instalar y utilizar
medios de grabación, limitar el uso del castigo de incomunicación, respeto
escrupuloso a los derechos de los internos e investigación de cualquier
incidente o denuncia. Las instituciones
públicas no siempre velan por la integridad del ser humano. Desafecto principio
el que malogra su esencia y se convierte en mero brazo ejecutor, degenerado y
despiadado. No por acción sino por omisión.
El
próximo 1 de septiembre, 150.000 personas que viven en España de manera irregular -sin permiso
de residencia ni trabajo- dejarán de ser asistidos en la red sanitaria pública.
Las comunidades autónomas que acojen a más de la mitad de estas personas,
Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco, han expresado su
intención de respetar la universalización del servicio de salud, como hasta
ahora. Pero más allá de lo que pueda significar y traducirse en un tablero de
ajedrez de signo político, lo significativo es el proceso de desobediencia
civil que se enuncia por los médicos ante lo que califican como "apartheid
sanitario". El escritor, filósofo y naturalista estadounidense Henry
David Thoreau argüia "La ley jamás hizo a los hombres un ápice más
justos; y, en razón de su respeto por ellos, incluso los mejor dispuestos se
convierten a diario en agentes de la injusticia". A los ciento
cincuenta mil no les queda otra opción que permanecer al margen de la ley,
cuestión que no nos debe de sorprender si somos sensibles a la situación en la
que se encuentran desde su llegada a nuestro país.
Pedro Luis Ibáñez
Lérida,
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