El Derecho a la resistencia

Por MSc. Pedro Javier Granja

Otra forma de legitimar la resistencia se genera cuando el legislativo, pierde su importancia como foro de deliberación democrática y al convertirse en caja de resonancia de otros poderes
"Es que, como sostiene el maestro Zaffaroni, hasta las palabras se gastan y cuando a quien gobierna se le gasta el discurso para convencer a las masas, es muy probable que caiga en una espiral de autoritarismo que no es capaz de advertir porque vive creyendo que tiene un encargo divino. El poder es la más alucinante de todas las drogas y muchos que crecieron leyendo a Marx terminaron en el poder aplicando las tesis de la escuela de Friburgo."

¿Cuáles serían los requisitos para que el derecho a resistir sea legítimo o al menos, quienes lo ejerzan, no sean calificados como terroristas?

Los presupuestos esenciales de la resistencia, siguiendo a Gargarella, son: a) la lesión manifiesta a un derecho fundamental, que ocasione perjuicio a un colectivo social (condición sustantiva); y, b) Que las decisiones o las normas legales que generan la lesión se den al margen de un proceso deliberativo con las comunidades que se encuentran involucradas (condición procedimental)

Ahora bien, si un ser humano, considera que su hábitat será arrasado por una petrolera y nunca ha sido informado de la decisión que ha adoptado "su Estado" para tal efecto, ¿podrá ejercer el derecho a la resistencia?, ¿Cómo podría evitar que sus hijos y nietos hereden el cáncer y las múltiples enfermedades catastróficas que el "progreso" trae a paraísos naturales? Y si lo hace, suponiendo que está amparado por un derecho constitucional, ¿cómo evita la imputación de terrorista, de traidor a la patria, de enemigo del progreso?

Recordemos que uno de los más notables pensadores latinoamericanos (1) ha acuñado el término "alienación legal" para referirse a la situación de abierta indefensión de la que son víctimas miles de seres humanos ante la ineficacia de aquellos Estados que en lugar de promover el respeto a los derechos fundamentales conspiran abiertamente contra los mismos y en esos casos, la resistencia al poder ignominioso, resulta justificada

Desde nuestra óptica, el tema no se presta a confusión. Quien se levanta para protestar contra un Estado al que le queda grande la dinámica social, ciertamente incurre en una infracción.

Siendo el ordenamiento jurídico el mejor marco para amparar la propiedad privada y los privilegios de los que tienen más bienes por sobre aquellos que a lo sumo tienen obligaciones, es obvio que quienes se resisten a aceptar los edictos imperiales, cometen un reato, por más que su motivación sea noble y justa.

Pero la infracción que cometen tiene un nombre y está tipificada como tal previamente: Es alteración del orden público, y en base a ello deben ser juzgados. Y los jueces deben brindarle todas las garantías del debido proceso, pueden dejarlos en libertad si lo estiman idóneo y como se supone que vivimos en un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, los jueces son garantistas, por lo que, existiendo autonomía de poderes, no pueden ser destituidos por las decisiones estrictamente jurisdiccionales que asuman.

Trataremos de desarrollar lo expuesto ut supra: Como sabemos, Luigi Ferrajoli ha propuesto una nueva forma de entender la democracia, diseccionándola en dos dimensiones, a saber: Una formal que se refiere a quién y cómo se adoptan las decisiones en una sociedad y otra sustancial que apunta a qué es lícito y qué no se puede decidir ni siquiera por mayoría, dimensión vinculada a los derechos de libertad y a los derechos sociales que deben ser satisfechos por el Estado.

Ambas dimensiones se insertan en el estado constitucional y vinculan a todos los poderes, cuyo accionar siempre estará limitado por la Constitución.

El Estado, más allá del rótulo que elija para autodenominarse, debe por lo tanto, satisfacer los derechos sustantivos y promover efectivamente la participación política de los seres humanos de los cuales se nutre diariamente, a través de sus impuestos y coacciones insufribles. Estas son las improntas más destacadas de la democracia ferrajoliana que se aleja totalmente de la propuesta clásica liberal que sigue manteniendo el concepto de democracia meramente procedimental y representativa.

El ser humano concreto cuenta y por consiguiente es obligación del Estado, escucharlo y brindarle herramientas para que enriquezca el debate nacional y sea parte esencial de la toma de decisiones.

Cuando no se cumple con uno de los dos principios, se produce un déficit democrático. La ausencia de ambos genera un status de exclusión estructural, la que de volverse reiterada, sistemática y atentatoria a la dignidad humana, constituye el embrión de la resistencia social.

En condiciones de pobreza extrema, con grandes segmentos poblacionales condenados a ser eternos mendigos de "bonos" que no promueven garantía alguna sino lo que Dahl denominó poliarquía (modelo de democracia al que solo le interesa el traspaso del poder entre grupos ideológicamente afines que apenas se distinguen por descalificarse periódicamente entre sí para manejar la res pública), el discurso chauvinista no se sostiene. Por consiguiente en el caso de la oposición sindical de los profesores a una evaluación, quienes decían que no cabía derecho a la resistencia porque supuestamente no se violaba ningún derecho constitucional, yerran. Mientras no se termine la pobreza, habrá legitimidad para resistirse a toda acción estatal que se adopte sin previamente haberse debatido con los ciudadanos a los cuales se orienta.

Otra forma de legitimar la resistencia se genera cuando el legislativo, pierde su importancia como foro de deliberación democrática y al convertirse en caja de resonancia de otros poderes, confunde los conceptos de vigencia con los de validez y pretende imponer normas regla, abiertamente contrarias a los mandatos de optimización que protegen derechos fundamentales. Al no poder reformar la Constitución, como lo hacían antaño, cada dos meses, la vía para pasar por encima de los principios que ella recoge, es, según ciertos parlamentos, una ley ordinaria u orgánica, lo que en estricto rigor es, por lo menos, improcedente.

En otras palabras cuando una determinada actuación de un poder estatal o privado viola el derecho a vivir en un medio ambiente sano, cuando atenta contra conquistas estudiantiles o laborales o pretende suprimir la libertad de asociación gremial y para ello pretende justificar su accionar espurio amparándose en normas de carácter secundario, vigentes pero no siempre válidas, sin convocar a los sectores involucrados a un gran debate reglado, en esos casos, resistir, no sólo que es lícito, es obligatorio.

Ahora bien, como a los gobiernos, generalmente, les molesta la pluralidad de opiniones, en lugar de reflexionar sobre la puesta en marcha de mecanismos que eviten la disconformidad de sus pueblos, prefiere optar por la solución más sencilla: criminalizar toda forma de protesta que ponga ligeramente en peligro los bienes que realmente protege: la propiedad privada de sus clientes vip.

Alguien podría sostener que el derecho a resistir sólo puede activarse frente a una dictadura como la de Franco en España o la de Pinochet en Chile, esto es, sólo cabe el derecho a la resistencia ante gobiernos de facto. Nosotros pensamos que no. Que hay gobiernos como el que acaba de concluir en Colombia, que pese a haber arribado a Nariño, en virtud de la fachada de democracia que impera en nuestros países, perdió toda autoridad legítima, en el preciso momento en el que aceptó combatir lo que ellos consideraban como prácticas terroristas con un terrorismo de estado, y en esa fiebre de guerra, poco o nada le importó respetar las fronteras de sus países "hermanos".

Ante déspotas que torturan, que reprimen en forma salvaje a quien no está de acuerdo con sus proyectos, que descalifican a sus adversarios, que sucumben ante los poderes criminales pero encierran en mazmorras a líderes estudiantiles, que no limitan el enriquecimiento ilícito de sus propios partidarios enquistados en las instituciones públicas, que sonríen ante una justicia colapsada, frente a estos actos contrarios a la democracia sustancial, ante tiranos que invaden otros pueblos para asesinar niños y ancianos para robar petróleo, el derecho a resistir siempre será legitimo al margen que sea legal o no. Muchas luchas subversivas tienen estas características.

Es que, como sostiene el maestro Zaffaroni, hasta las palabras se gastan y cuando a quien gobierna se le gasta el discurso para convencer a las masas, es muy probable que caiga en una espiral de autoritarismo que no es capaz de advertir porque vive creyendo que tiene un encargo divino. El poder es la más alucinante de todas las drogas y muchos que crecieron leyendo a Marx terminaron en el poder aplicando las tesis de la escuela de Friburgo.

Agnes Heller(2), la extraordinaria filósofa húngara, refutando lo que ella estima una posición reaccionaria habermasiana, propone la siguiente reflexión: "el sistema social es de dominación y la parte dominante no puede ser movida a escuchar una argumentación o a aceptar algún tipo de reciprocidad, a menos que se le fuerce a escuchar"(3)

Es que sencillamente el que una praxis emancipadora rehúse, sin más, a un programa que implique ciertas formas de presión social, es como diría Calvatti, tarea para la socialdemocracia europea, para quienes asumen el paso del tiempo en forma lineal y nos quieren obligar a todos a vestir igual, a pensar igual, a sentir igual. Pero siempre se les olvida que también deberíamos existir en igualdad de condiciones. Lo precedentemente expuesto ut supra, coincide con la tesis, más radical aún, de Metzger, quien en sus "Lecciones del viejo siglo" nos enseña: "Pretender, que el derecho a vivir dignamente se obtiene en función de páginas de una Constitución, no solo que es un pasatiempo para cómodos, es despreciar la dinámica de la humanidad"

En suma, en el marco actual, de franco predominio de los estados policiales en América, con los Estados Unidos como su mejor exponente -un imperio que destruye masivamente a otro en su frenética búsqueda de nafta, que mantiene a seres humanos en tortura perpetua, hacinados en una bahía cubana, no puede ser calificado de modo alguno, como democrático- éstos, buscan desesperadamente engarzar de legalidad sus interminables arbitrariedades con el amparo del más formidable aliado de la injusticia: El Derecho y por consiguiente criminalizar el descontento social, paradójicamente tratando de hacer el menor escándalo posible, es parte nuclear de las actuales agendas de los polizeistat americanos del siglo XXI.

Parece que los intentos por suprimir los sindicatos, los gremios profesionales, los movimientos indígenas, las agrupaciones estudiantiles –contestatarias por genética-, clásicos exponentes de broncas callejeras, cierre de vías, plantones y todo tipo de boicots a los actos que reputan antipopulares, no serán muy difíciles de cristalizar, si se cuenta con ejércitos siempre dispuestos a disparar, a quien sea, con tal de justificar el gasto que representan dentro de los escuálidos presupuestos estatales de esta parte del mundo.

Para tal "empresa" (utilizando el lenguaje que se impone, el de la larga noche neoliberal), los estados policiales cuentan también con el silencio de los mass media, cuyos dueños cuando no son banqueros son dueños de universidades o de trucks petroleros a los que "los bulliciosos" nunca les han resultado agradables.

Es decir, se nos pretende hacer creer que tenemos derecho a la resistencia, pero "contra el gobierno que viene", sin gritar, sin atrevernos a convocar a nadie. El nuevo enemigo interno será el "pelagato", el "forajido", el "tirapiedra" o el "terrorista" (4). Quien sea capturado perderá el derecho a la tutela judicial efectiva, deberá guardar reclusión eterna, será imputado por la Fiscalía como paramilitar o guerrillero- que para los gobiernos actuales es lo mismo-, será torturado por el típico agente que heredamos del SIC, será violado en una cárcel junto a criminales terribles. Que en plena etapa de los estados garantistas, las garantías son una fábula. ¿Cuándo entenderemos que lo que está en juego es la vida de otros seres humanos?

(1) Gargarella, Roberto "El Derecho a resistir", Miño y Dávila Editores, Centro Interdisciplinario para el estudio de las políticas públicas", Buenos Aires

(2) Una de las pensadoras marxistas más reconocidas en el mundo. El desarrollo de su pensamiento evidencia una atención cuidadosa a los acontecimientos de las últimas décadas y a la vez revela un dinamismo constante de maduración.

(3) Heller,Agnes."El péndulo de la Modernidad: Una lectura de la era moderna después de la caída del comunismo", (coautoría con Ferenc Fehér) Barcelona: Ediciones Península, 1994.

(4) El término subversivo fue utilizado por Sixto Durán Ballén para identificar a los líderes de las protestas contra su agenda privatizadora. Bucaram, fiel a su jerga, prefirió adoptar el calificativo de "pelagatos" para referirse a quienes iniciaban acciones de protesta contra su régimen. León Roldós Aguilera, como Rector de la Universidad de Guayaquil emprendió una cruzada de expulsiones y persecuciones contra los "tirapiedras" que se oponían a su política de mercantilización de la educación superior, entre los que se encontraban los mejores estudiantes del Alma Mater guayaquileña. Gutiérrez habló de forajidos. Este gobierno utiliza la imputación de terrorista. Curiosamente, el gobierno de Febres Cordero, líder histórico de la extrema derecha ecuatoriana, coincidió en el lenguaje y en las formas de represión a todos aquellos que pensaban distinto.

MSc. Pedro Javier Granja

Profesor de Postgrado de Justicia Constitucional

Universidad Santiago Antúnez de Mayolo-Perú

Secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador

Secretario del Colegio de Abogados del Guayas

DERECHO A LA REBELIÓN

"En tanto que un pueblo está obligado a obedecer y obedece, hace bien; tan pronto como puede sacudir el yugo, y lo sacude, obra mejor aún, pues recobrando su libertad con el mismo derecho que le fue arrebatada, prueba que fue creado para disfrutar de ella.

De lo contrario, no fue jamás digno de arrebatársela"

J.J. Rousseau. El Contrato Social